Un problema de seguridad ciudadana

Por: Yerard Jiménez Marte 

El Gobierno Dominicano enfrenta una difícil situación que ha dejado en evidencia las debilidades del sistema en materia de rastreo e identificación de individuos por medio a las líneas telefónicas móviles. 

Santo Domingo- Recientemente, el Gobierno Dominicano ha puesto en marcha el 9-1-1, número único para llamadas de emergencias que abarca toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito nacional, un gran avance en cuestión de seguridad ciudadana indiscutiblemente. El recelo de las autoridades por hacer de este un sistema funcional, efectivo y moderno, ha obligado a que se monte  toda una campaña de educación nacional para evitar que se generen llamadas falsas (o molestosas) al 9-1-1. A pesar de este esfuerzo y de la gran cantidad de dinero invertido con ese propósito, las llamadas para fastidiar representan más del 60% de la totalidad recibida  al Número de Emergencias en apenas 5 días de funcionamiento. Este es el reflejo de una sociedad donde muchos de sus miembros son seres inconscientes y con un déficit educacional considerable.

Imagen oficial del servicio 9-1-1

La Policía Nacional y el Ministerio Público han advertido que se castigarán a los que están detrás de este delito. Pero, ¿dónde radica el problema real de todo esto? ¿Es simplemente una cuestión de perseguir y castigar o se esconde una realidad más penosa detrás de este caso?. He aquí un análisis profundo de lo que está sucediendo: 

Detrás de esas grandes cifras donde el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) nos revelaba, cerca del año 2005, que nuestro código de área 809 estaba a punto de resultar insuficiente por la gran cantidad de líneas residenciales y móviles que se estaban activando y la gran demanda del sector de las telecomunicaciones, se esconde una oscura realidad de seguridad ciudadana; cuando en ese mismo año se hizo realidad la utilización del nuevo código de área 829, estábamos pasando de estadísticas miserables  en conectividad telefónica a hermosos números donde en apenas cuatro años, se hicieron las gestiones necesarias para un tercer código de área , el 849. Esto quiere decir, que tardó a penas 48 meses necesitar un tercer código de área debido a la ferviente rivalidad entre las compañías de teléfonos. Otra razón fue la llegada de nuevos inversionistas al sector en cuestión (Trilogy dominicana-Viva en el 2008) y otras razones no menos importantes, como la necesidad imperante de la población a empoderarse de la tecnología celular y de aquellas gigantes marcas multinacionales que abarrotaban el sector con teléfonos inteligentes de ultra tecnología (Apple, Google, Samsung, ...) . 

República Dominicana ha gozado, por muchos años, de estar cerca de las grandes implementaciones tecnológicas de las telecomunicaciones en Latino América , a pesar de ello, las cifras oficiales de Indotel en el 2013, nos ubican en menos de 50% de penetración en Internet.

Con tres códigos de áreas (809, 829 y 849) y más de 10 millones de líneas telefónicas en funcionamiento, de las cuales 9 millones 300 mil pertenecen a móviles, nuestra teledensidad (o cantidad de líneas activas) supera a nuestra población que es cerca de 10  millones de habitantes (según el último censo estadístico del 2010). Luego de estos datos que generan una masturbación mental a las autoridades, a decir por la gran satisfacción con la que se sirven estas cifras por Indotel, y del 16% que aportan las telecomunicaciones al PIB de República Dominicana, ahora toca revelar la penumbra detrás estos datos. 

Las Compañías Telefónicas (Viva, Claro, Tricom y Orange) se insertaron en un proceso de expansión para atraer nuevos clientes que a su vez representaran nuevos contratos de líneas telefónicas (en especial de líneas móviles). No se regularizó este proceso, ni se hicieron mayores exigencias por parte de las autoridades a las empresas involucradas en este sector. Lo importante eran los resultados, el crecimiento neto de las cifras de las líneas telefónicas móviles.  ¿Consecuencias? Se activaron millones de líneas móviles en los últimos 9 años sin que esas líneas estén involucradas a una persona física que legalmente se haga responsables de los delitos que se generen por medio a estas, a las mismas se les conoce como servicios prepago y podían ser adquiridos en cualquier esquina; a raíz de esto, se hizo popular un modelo de estafa que involucraba (en muchos casos) a presos de las cárceles del país donde se hacen llamadas fingiendo una situación que genere desesperación al receptor. Tendida la trampa, se pone en marcha la estafa la cual consiste en extraer dinero en forma de tarjetas prepago al doliente. Esta es la historia menos patética de la nueva forma delictiva que se extendía en toda la isla, puesto que se han revelado datos (por las autoridades) donde se afirma que cerca del 98% de los delitos relacionados con el narcotráfico involucran líneas prepago, esto no ha de sorprender a nadie porque muchos entendemos medianamente la forma discreta en que se manejan los narcotraficantes. 

Esta sigue siendo una parte de la historia de los delitos, puesto que existen otros más complejos que involucran conexiones a Internet, bancos y cajeros, bajo el mismo sello de los teléfonos prepagos. Por último, vale decir que no todos los teléfonos prepagos cumplen esta condición; existen esas cuentas que están a nombre de sus reales usuarios, en cambio, esas no reflejan peligro mayor pues son fácilmente identificados si existiera algún problema legal en la utilización de esas cuentas.

Una historia real que pone al desnudo las deficiencias de un estado en materia de seguridad ciudadana, de tecnología y de la falta de estrategias exigentes que velen por que las empresas sean más cuidadosas al momento de implementar una acción que genere cuantiosos beneficios económicos y que degenere en una peligrosa situación de seguridad, como la que estamos viviendo. Situación que mezclada con la dura realidad educacional de la población redunda en caos, en gasto excesivo para el gobierno y en un aumento de la incertidumbre ciudadana. ¿Soluciones? El Estado Dominicano ha exigido, por medio a Indotel, que se regularice esta situación, además se ha exigido que toda línea telefónica sea vinculada a un nombre o, en su defecto, debe ser sacada de circulación. Esto es una situación de la que se debe tomar experiencia.